Después del anuncio del gobierno del ajuste salvaje que se viene y que traerá un aumento de la conflictividad social, la ministra de Seguridad, Patricia Bullirch, presentó un nuevo protocolo para que las fuerzas de seguridad repriman la protesta en las calles. Con el latiguillo de traer "orden" y que la gente pueda circular "en paz", enumeró las nuevas reglas que apuntan a prohibir las manifestaciones contra medidas de la administración de Javier Milei y a habilitar a agentes federales a que puedan actuar sin orden judicial. "El corte se termina", advirtió Bullrich al referirse a movilizaciones que pueden interrumpir el tránsito. Ni siquiera admitirá -subrayó- aquellas que, pacíficamente, dejen un espacio para el desplazamiento del transporte. "Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación", advirtió. También avisó que se buscará identificar a "autores, cómplices, instigadores y organizadores", que serán castigados, y se hará un registro de las organizaciones que reclaman en el espacio público, a las que se hará pagar los costos de los operativos. Una forma lisa y llana de persecución y una invitación al ejercicio de la violencia institucional.