El Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, tiene que afrontar acciones de amparo por no haber abonado reparaciones que reclaman víctimas de la dictadura. La respuesta del gobierno de Javier Milei frente a la “mora” fue decir que estaba haciendo una auditoría porque había descubierto una asociación ilícita que se dedicaba a tratar de cobrar dinero del Estado con denuncias fraudulentas. La vicepresidenta Victoria Villarruel salió a felicitar al Presidente y a su ministro porque hay que “auditar el curro de los derechos humanos”. Pese a lo que dice el gobierno, el intento de estafa no fue descubierto ni denunciado por La Libertad Avanza (LLA): las primeras denuncias datan de 2014 y fueron presentadas por dirigentes de derechos humanos. La Secretaría de Derechos Humanos –durante la gestión de Horacio Pietragalla Corti– recopiló casos e impulsó la causa como querellante. El lunes a última hora, el Ministerio de Justicia comunicó que había ordenado una auditoría sobre “todos los reclamos” de reparación patrimonial formulados por víctimas del terrorismo de Estado. El argumento que invocó Cúneo Libarona en la comunicación oficial fue un reciente fallo en la causa que lleva como carátula “Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”. “Lo descubrimos, lo denunciamos, estamos como querellantes”, dijo, con énfasis, Cúneo Libarona en el piso de La Nación Más. Desde su cuenta de X, el exsecretario de Derechos Humanos Pietragalla Corti le respondió: “Estaría bueno que aclare que la denuncia a estos delincuentes la realicé yo, es decir, nosotros los descubrimos”.