Ocho militares procesados por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 salieron de la cárcel luego de que una jueza les permitiera seguir su proceso penal en libertad. El gobierno mexicano había enviado previamente una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que advertía sobre el riesgo de liberar a militares vinculados a la tragedia y llamaba a "garantizar los derechos humanos de las víctimas".