Mientras siguen los tironeos y aprietes por los votos para la Ley Ómnibus de Javier Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sorprendió con un anuncio que incluyó un mensaje implícito (léase presión) dirigido a gobernadores y legisladores: el Ministerio de Justicia, dijo, impulsará la creación de "una procuraduría especial para investigar la corrupción de los funcionarios públicos". El punto clave que subrayó es que no solo apuntará a quienes integran la administración nacional y el Poder Ejecutivo, sino también a los funcionarios "provinciales y legislativos". Dijo que se ocuparía especialmente de la figura de "enriquecimiento ilícito" y cuestiones patrimoniales. "Vamos a recuperar los bienes que sean producto del delito", afirmó. La noticia causó desconcierto en la Procuración, donde el primer llamado telefónico oficial por este asunto llegó varias horas después de la conferencia de prensa. Además, ya existe una procuraduría para casos de corrupción y el recupero de "activos ilícitos" es una práctica de larga data.