El 10 de marzo, los eurodiputados aprobaron las recomendaciones de la Comisión Especial sobre la crisis de la vivienda. El informe no tiene carácter vinculante, pero es la primera vez que la Unión Europea define una hoja de ruta en materia de vivienda para el conjunto de la UE. El Parlamento quiere que la Comisión reduzca la burocracia, modifique las normas fiscales y destine más fondos europeos a la construcción y rehabilitación de viviendas. En respuesta, la Comisión ha anunciado un Plan de Vivienda Asequible dotado con unos 10.000 millones de euros procedentes del programa InvestEU. Pero la capacidad de actuación de Bruselas tiene límites. La UE no puede fijar tipos impositivos, modificar las leyes nacionales de ordenación del territorio ni obligar a los países a construir más viviendas. Es poco probable que se produzca un alivio real en los precios antes de 2027.