La citada ley pretende dar celeridad a los trámites realizados por ciudadanos en instituciones públicas. Al mismo tiempo, dar un marco legal a los procesos administrativos públicos, como herramienta vital para disciplinar la funcionalidad de la administración, a fin de asegurar la satisfacción directa, eficiente y sostenida de las necesidades del ciudadano. Esto debido a que cada institución tenía sus propias reglas, a partir de ahora estos criterios y procedimientos se unifican.