Un funcionario del ministerio de Salud que contrajo COVID-19 en enero pasado, y que hasta remató su casa a cambio de cubrir los costos de su terapia, exige al Estado que le cubra los gastos que contrajo con el sanatorio de G. 60 millones. Un abogado penalista aclara que los pacientes que salieron de terapia antes de promulgarse la Ley 6721 -de cobertura estatal del 100% de los gastos- no podrán ser beneficiados.