El Poder Ejecutivo promulgó la ley 7300 que eleva de 3 a 10 años la expectativa de pena privativa de libertad por sustracción ilegal de energía eléctrica para fines de criptominería. El presidente de la Ande, Félix Sosa, celebró la modificación del artículo 173 código penal que también establece la incautación y el comiso de los equipos utilizados para el robo de energía eléctrica que terminan dañando económicamente a la institución estatal.