A partir de junio de 2026, las empresas de toda la Unión Europea deberán publicar rangos salariales en las ofertas de empleo, dejar de preguntar a los candidatos por su historial retributivo y permitir que los trabajadores soliciten información sobre el salario de compañeros que desempeñen un trabajo equivalente. Ese es el objetivo de la Directiva de Transparencia Salarial. Sin embargo, la mayoría de los Estados miembros incumplió el plazo del 9 de junio para incorporarla a su legislación nacional. Lo que está en juego no es menor. Las mujeres en la Unión Europea siguen cobrando, de media, un 11,1% menos por hora que los hombres, una brecha que apenas se ha reducido en la última década. La directiva pretende combatir esa desigualdad obligando a hacer visibles los salarios y trasladando a las empresas la carga de demostrar que no existe discriminación cuando surjan indicios de desigualdad retributiva.