La violencia en Colombia dejó 9,5 millones de víctimas y su reparación cuesta, según la Contraloría, más de 300 billones de pesos. Más allá del desafío de conseguir el dinero, Colombia tiene que garantizarles el goce pleno de sus derechos y el acceso a los servicios del Estado, como a cualquier ciudadano. La abogada indígena Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad de Víctimas, explica en qué va ese proceso y cuáles son sus dificultades.