El juez Penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, aceptó la acusación contra la intendenta Patricia Corvalán (ANR-HC) y otras 13 personas por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito en el marco de la investigación por la supuesta “tragada” de G. 1.100 millones, entre 2011 y 2017, de los fondos de la Municipalidad de Quyquyhó. La audiencia preliminar está fijada para el 13 de febrero de 2025, a las 07:30. El diputado Esteban Samaniego (ANR-HC), uno de los principales investigados, sigue sin ser procesado en la causa.