El gobierno de Donald Trump impuso restricciones de visa a funcionarios de gobiernos extranjeros que, según su administración, faciliten la inmigración ilegal. La medida, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, afectará a autoridades de inmigración, aduanas, aeropuertos y puertos que incumplan las leyes migratorias o promuevan políticas que permitan el tránsito de migrantes sin documentos. Esta acción complementa la política 3C, que sanciona a empresas privadas que transportan a indocumentados. Trump ha declarado una emergencia nacional en la frontera con México y promete deportaciones masivas, aunque especialistas advierten que su discurso sobre una “invasión” busca otorgarle poderes presidenciales excepcionales para endurecer el control migratorio.